El fallecimiento de un familiar en suelo extranjero es una adversidad difícil de sobrellevar, sobre todo por la complicación y el alto coste de los trámites que desencadena. Solo el traslado del fenecido hasta su país de origen acarrea gastos que superan los tres mil euros. Aunque la mayor parte de los seguros de viaje cubren la repatriación, es posible que la víctima no tuviera la prudencia de contratar este tipo de póliza, circunstancia en la que su seguro de decesos adeslas podría asumir los desembolsos relacionados.

Repatriar los restos mortales de un familiar dentro del territorio nacional no representa un problema, mientras que afrontar este suceso en otro país de la UE o fuera de ella multiplica las dificultades. Un primer paso es contactar con la Embajada española en el país en que se produjo el deceso. Si el fatídico evento sobrevino por un atentado o una catástrofe ambiental, las propias oficinas de la Embajada se ocuparán de notificar el fallecimiento a los allegados.

La Embajada presta una ayuda inestimable asesorando a los familiares y facilitándoles la documentación necesaria para repatriar el cadáver. También median con las autoridades locales, resolviendo posibles conflictos, algo valioso cuando el idioma oficial no coincide con el español, como sucede en la mayor parte de los casos.

Más allá del papeleo, la Embajada no se responsabiliza del popurrí de gastos que conlleva una repatriación, como los costes administrativos y legales, el transporte aéreo, marítimo o terrestre, el acondicionamiento del cuerpo, el embalsamamiento, los recipientes funerarios (urna, féretro, etc.) y otros servicios.

La suma de todos los gastos de la repatriación supone un varapalo económico para el ciudadano medio. Disponer de un seguro de decesos garantiza una cobertura integral de los trámites y desembolsos que lleva aparejados este suceso, de por sí agotador por su duración e impacto emocional.